Asamblea constituyente
Santiago de Chile, 15 de noviembre de 2005
1. Una nueva época
El mundo ha entrado en una época cuyas instituciones y procesos son diferentes de los que caracterizaron a tiempos pasados. El Estado continúa siendo imprescindible para lograr que la libertad y la prosperidad lleguen a todos los ciudadanos, pero es necesario redefinir cuál debe ser hoy su posición frente a la sociedad y mercados y cuáles pueden ser las funciones que desempeñe.
Nos encontramos ante un verdadero "tournant de l'histoire", ante una nueva encrucijada histórica, que viene marcada, en el orden político, por el fin del protagonismo absoluto del Estado, al que acompañan hoy nuevas organizaciones continentales y regionales; en el orden económico, por un proceso de sustitución de la economía industrial por una economía basada en el conocimiento y la información, cuyos nuevos procesos, recordando a Schumpeter, debemos procurar que sean más creadores que destructivos.
Estamos viviendo un cambio intenso, acelerado y global desde la pasada década. No es por ello de extrañar que, en algunos momentos, surja la perplejidad y sea difícil encontrar el camino hacia esta nueva época, claramente mejor para la humanidad, pero también más difícil.
2. La posición del Estado frente a la sociedad y a los mercados.
Después de más de medio siglo de expansión estatal, que nos deparó un modelo intervencionista, se inició, hace unos veinte años, un proceso de revisión basado en la liberalización y privatización de sectores hasta entonces estatalizados. Este cambio no es propio de un país o un gobierno concretos, sino que asume dimensiones universales: de Irlanda o los Urales, de Canadá a Tierra de Fuego. El fracaso de los sistemas colectivistas demostró que la riqueza es creada por las empresas que operan en mercados abiertos en un entorno cada vez más global. Durante la década de los noventa, algunos pensaron que la prosperidad de los países menos desarrollados sólo dependería de esos procesos de privatización y liberalización. Sin embargo, al cambiar de siglo y hacer balance se advierte que no todo se ha hecho bien y resultan necesarios algunos ajustes para que el bienestar y el desarrollo lleguen a todos. Al propio tiempo, los mercados y el comercio internacional no pueden desarrollarse sin la seguridad y la libertad que proporcionan las instituciones. Necesitamos al Estado, pero no cualquier Estado. Necesitamos un Estado democrático, comprometido en la tarea de facilitar la libertad, el pluralismo, la prosperidad y la cohesión social; que sea al mismo tiempo un Estado de Derecho, capaz de hacer realidad la justicia y la igualdad; en un palabra, un nuevo modelo de Estado al servicio de la dignidad de la persona, que facilite la libertad y la prosperidad para todos, proporcionando al mismo tiempo seguridad a las organizaciones económicas y sociales.
3. Los nuevos cometidos del Estado
El proceso de transformación que estamos viviendo ha supuesto la aparición de nuevos mercados, desarrollados a impulso de la competencia en los servicios de telecomunicaciones, transportes, energía e infraestructuras. El Estado ha dejado de ser el gestor de estos sectores, pero ha asumido nuevas funciones de delimitación y asignación de derechos y deberes entre los operadores, usuarios, suministradores y demás agentes de cada sector. Es un Estado regulador que ordena los nuevos mercados, que arbitra las diferencias y conflictos que surgen en su seno, sometido siempre, como es propio de un Estado de Derecho, al control de Tribunales independientes, especializados, que aseguren la legitimidad de las actuaciones y el respeto a las reglas del juego.
Para concretar los nuevos cometidos se han redefinido -en ocasiones desde la nada- nuevas instituciones de gobierno, nuevos marcos jurídicos económicos y políticos, en un proceso todavía en marcha que ha generado y genera continuo debate, pero que ha alcanzado ya algunos de sus grandes objetivos. Así, la apertura a la competencia ha incentivado y permitido la entrada de nuevos operadores; la innovación ha dinamizado y multiplicado los servicios y se ha iniciado el camino hacia la anunciada sociedad de la información. El cambio es sustancial: donde antes había monopolio, hoy existe pluralidad de ofertas; donde antes sólo había concesión hoy hay licencias o autorizaciones regladas; la temporalidad (con reversión al Estado) ha perdido su carácter absoluto y generalizado. En la actualidad predomina la libertad de inversión antes que la planificación vinculante. Pero lo más importante de todo ha sido el cambio cultural -en el Estado y las empresas- que se ha producido y que es preciso consolidar. Estamos, en definitiva, ante un proceso de cambio que va desde el estatismo hacia la libertad, presidido por la iniciativa privada, la libertad de empresa y el respeto a los derechos de propiedad y a los contratos; logros nada desdeñables, que reclaman una reformulación de principios, articulada en soluciones concretas, para cada sector y cada situación.
Como toda transformación transcendental, también ésta tiene una lenta y prolongada trayectoria, que no es lineal ni está asegurada, sino que cuenta con períodos de aceleración, desaceleración, parada, e incluso retroceso. De hecho, nos encontramos hoy, quizás, en uno de esos momentos de estancamiento del proceso liberalizador. Esta inflexión del péndulo de la opinión pública es apreciable, particularmente, en Latinoamérica, donde la desequilibrada realidad económica, social y política que se vive en algunos países ha favorecido la revisión de los modelos de ordenación económica de los noventa.
Los países de Iberoamérica se encuentran en un momento histórico complejo. Si aciertan en el camino, lograrán superar los grandes problemas sociales y económicos que se vienen padeciendo en muchos de ellos; podrán hacer rendir con eficacia sus ingentes recursos naturales en beneficio de su propio desarrollo sostenible y del de otras muchas partes del mundo, y, finalmente, podrán erigirse en relevante referencia de modelo económico, social y político para otras regiones que se encuentran en análoga situación. Tras diversas experiencias en la ordenación económica, social y política, en particular, tras las llevadas a cabo recientemente en muchos de ellos, tendentes a reconocer a la empresa privada el protagonismo que le corresponde, ninguna impaciencia ante los insuficientes resultados debería llevar a plantear el regreso a un errático dirigismo público del que todos nuestros países tienen experiencia sobrada.
4. El Estado de Derecho único camino seguro
Las estructuras del Estado de Derecho en su forma contemporánea, social y democrática, y una economía basada en el mercado, son el único camino seguro. Cuando los Estados tratan seriamente de ajustarse a sus principios y a sus técnicas, van adelante, mejoran, progresan. Hará falta tiempo para optimizar sus resultados y una voluntad constante de revisar los errores de aplicación que pueden impedir la rápida consecución de sus frutos. Pero es preciso mantener una decisión firme, comprometida y generalizada, que convoque a toda la ciudadanía al esfuerzo solidario. Como han señalado expertos y líderes políticos de la comunidad iberoamericana, la estabilidad del marco institucional es la condición primaria de un desarrollo sostenible y el único camino seguro para alcanzar al mismo tiempo la equidad social.
Esta es la senda por la cual debe avanzar la regulación económica, particularmente en algo tan crucial para las sociedades como los servicios esenciales, de modo que sean verdaderamente universales: abastecimiento de aguas, de electricidad, de combustible, gas y carburantes, telecomunicaciones, transportes terrestres marítimos y aéreos y sus infraestructuras y, también, a niveles más fundamentales: suministros alimentarios y farmacéuticos, vivienda, asistencia sanitaria, educación. La base para el desarrollo de todos estos servicios debe ser la libertad y, por lo tanto, la concurrencia y el mercado. No obstante el Estado -insistimos- será imprescindible para ordenar las libertades, proporcionar seguridad, garantizar los derechos, hacer cumplir los contratos y asegurar, en suma, la justicia, haciendo todo aquello que la sociedad no sea capaz de lograr por sí misma. De ahí la transcendencia de que el Estado esté bien organizado y funcione eficazmente. Con una justicia independiente y con funcionarios sólidamente profesionales, con legislación clara, coherente y estable.
Para todo ello, llamamos al esfuerzo conjunto de abogados, economistas, ingenieros y técnicos, a los distintos actores del ámbito público y privado y, de un modo especial a los miembros del mundo académico, universitario y científico de todos los países de Iberoamérica, cuya contribución juzgamos imprescindible para la consecución de nuestros objetivos.
1. Una nueva época
El mundo ha entrado en una época cuyas instituciones y procesos son diferentes de los que caracterizaron a tiempos pasados. El Estado continúa siendo imprescindible para lograr que la libertad y la prosperidad lleguen a todos los ciudadanos, pero es necesario redefinir cuál debe ser hoy su posición frente a la sociedad y mercados y cuáles pueden ser las funciones que desempeñe.
Nos encontramos ante un verdadero "tournant de l'histoire", ante una nueva encrucijada histórica, que viene marcada, en el orden político, por el fin del protagonismo absoluto del Estado, al que acompañan hoy nuevas organizaciones continentales y regionales; en el orden económico, por un proceso de sustitución de la economía industrial por una economía basada en el conocimiento y la información, cuyos nuevos procesos, recordando a Schumpeter, debemos procurar que sean más creadores que destructivos.
Estamos viviendo un cambio intenso, acelerado y global desde la pasada década. No es por ello de extrañar que, en algunos momentos, surja la perplejidad y sea difícil encontrar el camino hacia esta nueva época, claramente mejor para la humanidad, pero también más difícil.
2. La posición del Estado frente a la sociedad y a los mercados.
Después de más de medio siglo de expansión estatal, que nos deparó un modelo intervencionista, se inició, hace unos veinte años, un proceso de revisión basado en la liberalización y privatización de sectores hasta entonces estatalizados. Este cambio no es propio de un país o un gobierno concretos, sino que asume dimensiones universales: de Irlanda o los Urales, de Canadá a Tierra de Fuego. El fracaso de los sistemas colectivistas demostró que la riqueza es creada por las empresas que operan en mercados abiertos en un entorno cada vez más global. Durante la década de los noventa, algunos pensaron que la prosperidad de los países menos desarrollados sólo dependería de esos procesos de privatización y liberalización. Sin embargo, al cambiar de siglo y hacer balance se advierte que no todo se ha hecho bien y resultan necesarios algunos ajustes para que el bienestar y el desarrollo lleguen a todos. Al propio tiempo, los mercados y el comercio internacional no pueden desarrollarse sin la seguridad y la libertad que proporcionan las instituciones. Necesitamos al Estado, pero no cualquier Estado. Necesitamos un Estado democrático, comprometido en la tarea de facilitar la libertad, el pluralismo, la prosperidad y la cohesión social; que sea al mismo tiempo un Estado de Derecho, capaz de hacer realidad la justicia y la igualdad; en un palabra, un nuevo modelo de Estado al servicio de la dignidad de la persona, que facilite la libertad y la prosperidad para todos, proporcionando al mismo tiempo seguridad a las organizaciones económicas y sociales.
3. Los nuevos cometidos del Estado
El proceso de transformación que estamos viviendo ha supuesto la aparición de nuevos mercados, desarrollados a impulso de la competencia en los servicios de telecomunicaciones, transportes, energía e infraestructuras. El Estado ha dejado de ser el gestor de estos sectores, pero ha asumido nuevas funciones de delimitación y asignación de derechos y deberes entre los operadores, usuarios, suministradores y demás agentes de cada sector. Es un Estado regulador que ordena los nuevos mercados, que arbitra las diferencias y conflictos que surgen en su seno, sometido siempre, como es propio de un Estado de Derecho, al control de Tribunales independientes, especializados, que aseguren la legitimidad de las actuaciones y el respeto a las reglas del juego.
Para concretar los nuevos cometidos se han redefinido -en ocasiones desde la nada- nuevas instituciones de gobierno, nuevos marcos jurídicos económicos y políticos, en un proceso todavía en marcha que ha generado y genera continuo debate, pero que ha alcanzado ya algunos de sus grandes objetivos. Así, la apertura a la competencia ha incentivado y permitido la entrada de nuevos operadores; la innovación ha dinamizado y multiplicado los servicios y se ha iniciado el camino hacia la anunciada sociedad de la información. El cambio es sustancial: donde antes había monopolio, hoy existe pluralidad de ofertas; donde antes sólo había concesión hoy hay licencias o autorizaciones regladas; la temporalidad (con reversión al Estado) ha perdido su carácter absoluto y generalizado. En la actualidad predomina la libertad de inversión antes que la planificación vinculante. Pero lo más importante de todo ha sido el cambio cultural -en el Estado y las empresas- que se ha producido y que es preciso consolidar. Estamos, en definitiva, ante un proceso de cambio que va desde el estatismo hacia la libertad, presidido por la iniciativa privada, la libertad de empresa y el respeto a los derechos de propiedad y a los contratos; logros nada desdeñables, que reclaman una reformulación de principios, articulada en soluciones concretas, para cada sector y cada situación.
Como toda transformación transcendental, también ésta tiene una lenta y prolongada trayectoria, que no es lineal ni está asegurada, sino que cuenta con períodos de aceleración, desaceleración, parada, e incluso retroceso. De hecho, nos encontramos hoy, quizás, en uno de esos momentos de estancamiento del proceso liberalizador. Esta inflexión del péndulo de la opinión pública es apreciable, particularmente, en Latinoamérica, donde la desequilibrada realidad económica, social y política que se vive en algunos países ha favorecido la revisión de los modelos de ordenación económica de los noventa.
Los países de Iberoamérica se encuentran en un momento histórico complejo. Si aciertan en el camino, lograrán superar los grandes problemas sociales y económicos que se vienen padeciendo en muchos de ellos; podrán hacer rendir con eficacia sus ingentes recursos naturales en beneficio de su propio desarrollo sostenible y del de otras muchas partes del mundo, y, finalmente, podrán erigirse en relevante referencia de modelo económico, social y político para otras regiones que se encuentran en análoga situación. Tras diversas experiencias en la ordenación económica, social y política, en particular, tras las llevadas a cabo recientemente en muchos de ellos, tendentes a reconocer a la empresa privada el protagonismo que le corresponde, ninguna impaciencia ante los insuficientes resultados debería llevar a plantear el regreso a un errático dirigismo público del que todos nuestros países tienen experiencia sobrada.
4. El Estado de Derecho único camino seguro
Las estructuras del Estado de Derecho en su forma contemporánea, social y democrática, y una economía basada en el mercado, son el único camino seguro. Cuando los Estados tratan seriamente de ajustarse a sus principios y a sus técnicas, van adelante, mejoran, progresan. Hará falta tiempo para optimizar sus resultados y una voluntad constante de revisar los errores de aplicación que pueden impedir la rápida consecución de sus frutos. Pero es preciso mantener una decisión firme, comprometida y generalizada, que convoque a toda la ciudadanía al esfuerzo solidario. Como han señalado expertos y líderes políticos de la comunidad iberoamericana, la estabilidad del marco institucional es la condición primaria de un desarrollo sostenible y el único camino seguro para alcanzar al mismo tiempo la equidad social.
Esta es la senda por la cual debe avanzar la regulación económica, particularmente en algo tan crucial para las sociedades como los servicios esenciales, de modo que sean verdaderamente universales: abastecimiento de aguas, de electricidad, de combustible, gas y carburantes, telecomunicaciones, transportes terrestres marítimos y aéreos y sus infraestructuras y, también, a niveles más fundamentales: suministros alimentarios y farmacéuticos, vivienda, asistencia sanitaria, educación. La base para el desarrollo de todos estos servicios debe ser la libertad y, por lo tanto, la concurrencia y el mercado. No obstante el Estado -insistimos- será imprescindible para ordenar las libertades, proporcionar seguridad, garantizar los derechos, hacer cumplir los contratos y asegurar, en suma, la justicia, haciendo todo aquello que la sociedad no sea capaz de lograr por sí misma. De ahí la transcendencia de que el Estado esté bien organizado y funcione eficazmente. Con una justicia independiente y con funcionarios sólidamente profesionales, con legislación clara, coherente y estable.
Para todo ello, llamamos al esfuerzo conjunto de abogados, economistas, ingenieros y técnicos, a los distintos actores del ámbito público y privado y, de un modo especial a los miembros del mundo académico, universitario y científico de todos los países de Iberoamérica, cuya contribución juzgamos imprescindible para la consecución de nuestros objetivos.
